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La saga de corrupción de los Alejos en Guatemala

Guatemala, 27 abr (Prensa Latina) Los nombres de los guatemaltecos Gustavo y Felipe Alejos resuenan hoy internacionalmente debido a su inclusión en una lista de sancionados por Estados Unidos, pero aquí arrastran una saga de corrupción.
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El primero lleva casi seis años en prisión preventiva luego de estar prófugo más de dos meses, y en este tiempo las acusaciones en su contra se siguen acumulando, al pasar de eficaz secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) a eficaz operador político y de justicia con financiamiento incluido, recordó el medio local Prensa Libre.

Desde su celda o en un sanatorio, como sucedió en diciembre de 2019, movió una vez más los hilos para cooptar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones y extender sus tentáculos al Tribunal de Constitucionalidad.

Así lo demostró la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) cuando presentó públicamente el expediente Comisiones Paralelas (2020) y las infinitas combinaciones de magistrados aspirantes que ensayaba Alejos en la puerta de un refrigerador ocupado en la habitación de la clínica donde supuestamente recuperaba su salud.

Por allí desfilaron -como lo probó documentalmente la Feci-, desde presidentes e integrantes de las Comisiones de Postulación para CSJ y de Apelaciones hasta jueces en funciones, congresistas y políticos, aunque todos negaran su relación con el ingeniero agrónomo de 52 años, devenido empresario farmacéutico antes de incursionar en la política.

Esa y muchas pruebas más recabadas entonces lo volvieron a situar en el centro de otro ‘escándalo’ de corrupción para asegurar impunidad en los próximos años a funcionarios comprometidos como parte de un esquema ya ensayado por su parte y con resultados.

Alejos Cámbara supo aprovechar la ventaja de tener un hermano exconstituyente, exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y fundador del partido Todos.

En su etapa de empresario armó una red de operadores para corromper a funcionarios y manipular el mercado a fin de favorecer a sus empresas, como documentó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) hasta su salida, más bien expulsión, en septiembre de 2019.

Su primer caso penal fue Negociadores de la Salud vinculado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al que dio un fuerte golpe a sus finanzas.

Más tarde pasó a la política de la mano del Partido de Avanzada Nacional con la llegada al poder de Álvaro Arzú, continuó con la Gran Alianza Nacional y Óscar Berger, y la UNE de Colom, oportunidad en que su intervención fue más activa y abierta.

En el caso del diputado Felipe Alejos Lorenzana, exvicepresidente del Congreso en 2020, su historia es como la de muchos aquí.

La Feci le acusa de cobrar comisiones ilícitas a empresarios para que les fuera devuelto en forma exprés crédito fiscal; sin embargo, en cuatro ocasiones intentó que la CSJ le retirara la inmunidad y fue protegido, una clara muestra de que la cooptación funciona.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó ayer que Alejos Lorenzana presuntamente pagó sobornos a diputados para asegurar en el Congreso la votación de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) afines a sus intereses o lo que se traduce en mantenerlo a él y a otros señalados fuera de la cárcel.

El plan sigue en curso, como alertaron organizaciones sociales comprometidas con la justicia, pues la integración de las nuevas CSJ y de Apelaciones está estancada en el Legislativo ante el condicionamiento del voto a viva voz a raíz de la denuncia de la Feci.

En cambio, la nueva CC, acaba de ser juramentada sin contratiempos, luego de un amparo provisional presentado a última hora para sacar del juego a la reelecta magistrada Gloria Porras, una ficha considera incómoda a los intereses del llamado aquí Pacto de Corruptos.

Para la periodista Marielos Monzón, la semana pasada se concretaron dos duros golpes a la independencia judicial. No es casualidad -alertó- que existan redes de abogados litigantes, dirigentes gremiales, decanos de facultades de Derecho, fiscales, secretarios, jueces y magistrados en articulación para garantizar impunidad mediante sus resoluciones.

ga/mmc

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