Desde el pasado miércoles 28 de abril, miles de colombianos protestan en las calles contra la propuesta de reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque.
Si bien la víspera fue desestimada la iniciativa legal, las manifestaciones prosiguen en las principales ciudades del país en medio de denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y militares.
Organizaciones sociales y no gubernamentales cifran en 21 los manifestantes muertos a manos de los uniformados, situación por la que expresó preocupación el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule.
Camargo, coinciden en señalar los senadores Ramírez y Catatumbo, faltó a las responsabilidades de su cargo mientras los derechos de los manifestantes fueron vulnerados por las fuerzas del orden.
‘Las funciones del Defensor del Pueblo de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos quedó en letra muerta. Mientras las expresiones sociales eran masacradas, él brilló por su ausencia. Debe renunciar’, escribió el legislador en su cuenta en Twitter.
Por su parte, Ramírez destaca que mientras el Defensor del Pueblo monitoreaba al país desde su descanso en Anapoima (localidad turística del departamento Cundinamarca), el país estaba incendiado, la Fuerza Pública descontrolada, la Policía y el Esmad (Escuadrones Móviles Antidisturbios).
Las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y pueblos originarios que convocaron al paro insiste en que la protesta debe continuar por tiempo indefinido para presionar al gobierno de Duque a eliminar otras propuestas de reformas como las de Salud y Pensiones.
También en defensa de la paz, el cese de los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, y soluciones a la crisis relacionada con la pandemia de la Covid-19.
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