La respuesta castrense asumió una particular violencia, mediante actos intensificados tras varios días del inicio del paro nacional el 28 de abril contra la iniciativa, que gravaría productos y servicios básicos.
Según testigos, los militares, alentados desde la sombra por el expresidente Álvaro Uribe, disparan a sangre fría contra las protestas, ajenos a la reacción internacional ante sus actos, liderada por la ONU y la Unión Europea. Los manifestantes ocuparon avenidas principales y paralizaron el tráfico en varias ciudades, mientras el boicot de los choferes de vehículos públicos interrumpió la transportación.
El gobierno anunció medidas especiales contra el vandalismo de ciudadanos indiferentes al propósito real de las marchas, aunque los militares toman esas acciones para justificar sus ataques.
Los decesos en estos días por la brutalidad policial fueron en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Huila, Risaralda Soacha, Tolima y Valle del Cauca, donde fueron 17.
El colegio Claretiano de Bosa, una comunidad evangélica, denunció el aterrizaje en sus predios la noche del martes de helicópteros militares, ‘en plena violación del Derecho Internacional Humanitario’.
‘Soldados y fuerzas policiales entraron y utilizaron de manera arbitraria la institución educativa’, reveló la Orden en un comunicado.
Las marchas este miércoles, que los medios calificaron de multitudinarias, fueron intensas en Barranquilla, Bucaramanga, Cali y otras capitales regionales.
‘No más impuestos’, ‘Salud y educación’ y ‘Nos están matando a punta de hambre’ rezaban algunos de los carteles mostrados por los manifestantes.
Arengas de respeto a la vida abundaron en el Parque Nacional, mientras en Barranquilla miles de manifestantes con camisetas de la selección colombiana de fútbol coparon las principales calles.
También la minga indígena (marchas y protestas) llegó a la capital de Valle del Cauca para unirse a las manifestaciones de esta jornada de paro nacional.
El expresidente Ernesto Samper alertó sobre una presunta estrategia para criminalizar la huelga con el propósito de justificar el uso de la fuerza por policías y soldados.
Aunque el gobierno retiró el proyecto de reforma tributaria, ‘un gran sector de la población sigue inconforme con muchas medidas tomadas por el poder central’, asegura el periódico El Espectador.
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