Según la decisión del juez Frederico Botelho de Barros Viana, del décimo Tribunal Federal de Brasilia, las acusaciones de la Fundación Nacional del Indio (Funai) no contienen ninguna prueba de ‘la existencia de abuso en el ejercicio de los derechos o de la comisión de cualquier tipo de delito, ni contra terceros ni contra la Unión’.
Barros Viana también decidió anular el acto de la policía que citó a Guajajara, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Dio al cuerpo del orden un plazo de cinco días para facilitar información sobre el proceso investigativo.
Para el magistrado, la Funai intentó aplicar de forma encubierta contra Guajajara la Ley de Seguridad Nacional (LSN), para cuya derogación la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de legislación.
Tal estatuto, argumentó, ‘encarna un vil instrumento de persecución penal contra quienes eventualmente se oponen a la estructura política y gubernamental dominante, sea cual sea’.
Las críticas al gobierno se difundieron en ocho episodios de una serie documental, presentada en 2020.
Producidos por la APIB, los videos denuncian las violaciones de los derechos de las comunidades originarias durante la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con la articulación, ‘el Gobierno pretende intimidar a los pueblos indígenas en un claro intento de coartar nuestra libertad de expresión, la herramienta más importante para denunciar las violaciones de los derechos humanos’.
Actualmente, más de la mitad de las aldeas nativas se registran directamente afectadas por la Covid-19, con más de 53 mil contagios y mil 59 muertes.
jf/ocs
