Sin el estado de alarma, las autoridades españolas no tienen la prerrogativa de suspender derechos civiles como la libertad de movimiento o de reunión.
El fin de este régimen excepcional, que brindó cobertura legal a toques de queda o cierres perimetrales de regiones desde que fue aprobado en octubre por el Parlamento español, ha disparado la incertidumbre en los gobiernos regionales, responsables de la salud pública.
A partir este domingo las regiones necesitarán la autorización de los tribunales para continuar aplicando estas medidas u otras usadas hasta ahora, como restringir el número de personas que pueden reunirse.
Alegando que el estado de alarma no puede prolongarse de manera indefinida, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó el miércoles que las regiones cuentan con ‘medidas suficientes para seguir atajando y manteniendo el virus a raya’.
Darias explicó que el país, uno de los más golpeados de Europa con casi 79 mil fallecidos y 3,5 millones de contagios, vive ahora una situación epidemiológica diferente y ya se beneficia del impacto de la vacunación, con un 27 por ciento de la población con al menos una dosis y un 11 por ciento con la pauta completa.
A partir de este 9 de mayo terminan de forma generalizada los toques de queda para todas las comunidades autónomas (regiones) y también los cierres perimetrales, que han sido dos de los grandes instrumentos de lucha contra la pandemia.
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