El documento da seguimiento a la situación en Italia de la actividad extractiva, monitoreada por ese ente desde 2008, para conocer materiales extraídos, territorios afectados por acciones a menudo con un impacto devastador en el medio ambiente y el paisaje, la evolución del contexto regulatorio y prácticas de intervención.
El texto valora de inaceptable que la valorización de residuos de demolición y reconstrucción exhiba cifras tan bajas y que el territorio siga devastándose por la extracción de materiales de posible reemplazo por otros de recuperación y reciclaje, además de la apertura de canteras sin garantizar la progresiva recuperación de las áreas.
Considera, además, de desafortunado que una gran parte de los residuos de demolición y reconstrucción terminen hoy en vertederos y destaca cómo Italia está lejos del objetivo de recuperar el 70 por ciento establecido por la Unión Europea.
Para Edoardo Zanchini, vicepresidente de Legambiente, quien actuó como coordinador del panel de expertos participantes en la presentación en línea del informe, señaló la oportunidad de Italia de pasar ‘de un modelo lineal y de alto impacto a uno circular, dirigido a la recuperación, reciclaje, reurbanización urbana y territorial’.
Ella es, apuntó, una transformación de interés general, pero también del sector, porque en esa perspectiva surgen oportunidades para la innovación empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo.
El informe también llamó la atención en que la apertura de nuevas canteras debe estar condicionada por el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido por la Directiva Europea 85/337.
Para la organización el desafío de los próximos años es la regeneración de las ciudades, la recalificación energética y antisísmica del patrimonio de edificios y en esa perspectiva el sector de la construcción puede relanzarse a partir de la calidad, sostenibilidad, recuperación y el reciclaje de materiales.
Señaló de igual modo tres objetivos principales: fortalecer la protección del territorio, establecer una tarifa nacional mínima para las concesiones de canteras, y reducir la explotación mediante la recuperación de áridos de construcción y reciclaje de residuos para ser utilizados en todas las obras.
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