Acorde con la asociación Legambiente, promotora del debate junto a Cibo Diritto, el proyecto ‘introduce nuevos delitos, desde la agropiratería hasta los desastres sanitarios y hace más eficaz la protección del derecho penal de un sector fundamental de nuestra economía, la salud de los ciudadanos y el medio ambiente en el que vivimos’.
El evento ‘Lucha contra la agropiratería y la seguridad alimentaria: una reforma que no puede esperar’, estuvo moderado por Enrico Fontana, responsable del Observatorio Nacional de Medio Ambiente y Legalidad de Legambiente.
Intervinieron Stefano Palmisano, de Cibo Diritto, sobre el cuerpo legal y Angelo Gentili, gerente nacional de Agricultura de Legambiente, quien disertó sobre ética y legalidad para una agricultura justa y sostenible.
También participaron Eisa Scutellà, de la comisión de Justicia de la Cámara, ponente del proyecto; Mino Taricco, de la comisión de Agricultura del Senado; así como Giovanni Mininni, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Agroindustria y Maria Grazia Mammucchini, presidenta de la Federación Italiana de Agricultura Biológica y Biodinámica.
En el sector agroalimentario en Italia hubo 190 infracciones diarias en 2019, para un crecimiento anual del 54,9 por ciento, informó Legambiente.
Según la asociación ambientalista la ‘agromafia’ está generalizada hace años en todo el país, aunque con variaciones según los territorios.
La definió, además, como un fenómeno complejo capaz de penetrar y arraigarse en todo el tejido social, económico y político, con consecuencias a menudo dramáticas para la ecología, la ciudadanía y el estado de derecho.
Para la asociación sopesar la relevancia de las infracciones en el sector agroalimentario en términos numéricos permite captar su omnipresencia en los territorios y en los procesos económicos y ambientales.
Precisamente en ello estuvo enfocado su informe Ecomafia 2020, el cual reveló que la policía constató en 2019 más de 69 mil 360 infracciones penales y administrativas en el sector, ‘un extraordinario crecimiento anual del 54,9 por ciento’.
Datos que reflejan, apuntó, la agresión contra el patrimonio agrario y el sistema de derechos vigente en el país, por la influencia e interés directo de las organizaciones mafiosas y a través de la actividad de empresarios que actúan de manera criminal junto con sus contactos profesionales, en violación de los derechos laborales, ambientales y de competencia.
Detalló que el primer lugar correspondió a la protección de la flora, con 14 mil 652 delitos y faltas administrativas; seguido de los productos pesqueros con 11 mil 694 y la caza y actividades afines con 11 mil 387.
El valor total de las incautaciones superó los 550 millones de euros, mientras las sanciones penales y administrativas ascendieron a un poco más de 55 millones de euros.
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