Juristas del país norteño también imputaron al ex funcionario, perseguido por soborno y lavado de dinero e impulsar un clan mafioso, añadió en conferencia de prensa el ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Los cargos contra Murillo incluyen a su hermana, cuñado, varios oficiales de la Policía, ex funcionarios públicos y diversos enlaces internacionales, precisó la autoridad.
Del Castillo aseguró que esos individuos construyeron una red para obtener unos 2,3 millones de dólares, procedentes de la corrupción y el narcotráfico.
‘Recibimos un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se informa que el señor Arturo Murillo fue detenido e imputado en aquel país’, subrayó el ministro de gobierno.
Entre los implicados citados por el titular junto a Murillo figuran su hermana Magda Mireya; su cuñado Daniel Leonardo Aliss Paredes; el oficial de policía Ívar Víctor Gómez Apaza; y el capitán de policía Daniel Bellot.
La lista incluye a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete de Murillo; y a otros individuos, como Luis Berkman, Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld, junto a varios exfuncionarios de la gestión de Jeanine Áñez.
Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez están acusados de soborno de una empresa intermediaria para un contrato con el gobierno boliviano sobre la adquisición de gases lacrimógenos contra motines, precisó Del Castillo.
Los sobornos pretendían que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tecnical Solutions, con sede en Florida, obtuviera transacciones del Ministerio de Defensa boliviano para la obtención de esos medios represivos.
La negociación comprendió un contrato de 5,6 millones de dólares para la compra de gases lacrimógenos y armas no letales para el gobierno de facto, que los usó contra las protestas por el golpe de Estado de noviembre de 2019.
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