Nos mantendremos atentos al desarrollo del caso en el territorio norteño (prevén una audiencia para el próximo 7 de junio), pero de manera paralela seguirá la investigación en el país, adelantó la autoridad en declaraciones a la red televisiva Unitel.
‘Pediremos, a través de la cooperación internacional, la participación en ese juicio de personas que puedan aportar mayores datos de convicción’, añadió Del Castillo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó recientemente en un comunicado oficial la detención de Murillo el pasado 21 de mayo en una operación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Además del exfuncionario de facto están implicados su hermana Magda Mireya, su cuñado Daniel Leonardo Aliss Paredes, el oficial de policía Ívar Víctor Gómez Apaza y el capitán de policía Daniel Bellot.
La lista incluye a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete de Murillo, y a Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, junto a varias figuras del gobierno de la presidenta golpista Jeanine Áñez.
En esta nación tienen otros procesos por los cuales deben rendir cuentas, explicó este jueves el procurador general del Estado boliviano, Wilfredo Chávez, quien estimó que el exministro cometió graves delitos y en Estados Unidos podría tener una pena privativa de libertad de hasta 20 años.
‘Tenemos causas abiertas en Bolivia en contra de Murillo y con su salida no podíamos avanzar’, recordó el abogado, mientras sentenció que espera en algún momento la vuelta de este a la nación, donde se le juzgará por los muertos durante su régimen, en referencia a las masacres de Sacaba y Senkata.
Entre las causas del arresto en Estados Unidos figuran corrupción y lavado de activos en ese país, debido a que favorecieron la adjudicación de una empresa intermediaria en la compra de equipos antimotines producidos en Brasil por 5,6 millones de dólares, de los cuales supuestamente se hicieron de 2,3 millones.
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