El también antiguo fiscal del Ministerio Público (MP) y Aníbal Argüello, exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fueron capturados el 19 de mayo junto a otras cinco personas por supuesta implicación en el expediente Política y Falsedad a cargo de la Fiscalía contra Delitos Electorales.
Fuentes cercanas a las diligencias indicaron que el MP podría pedir hoy la reserva del caso y transcurriría a puerta cerrada.
El titular de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, acusa a Solórzano de irregularidades en la constitución del acta del partido político Ambientalista Guatemalteco, por lo cual giró 15 órdenes de aprehensión.
Según Curruchiche, todos los involucrados podrían haber incurrido en la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica; sin embargo, el exjefe de la SAT asegura que se trata de una persecución política más por su lucha contra la corrupción.
‘Sabemos que lo único que quieren es desgastar mi imagen, criminalizar a aquellos que hemos alzado la voz en contra del gobierno, de la corrupción, de los sectores que quieren seguir manteniendo al país en la pobreza’, manifestó a la prensa desde la carceleta de Torre de Tribunales.
Durante su gestión, Solórzano presentó junto al MP y la Cicig uno de los casos más grandes de defraudación tributaria, el de Aceros de Guatemala.
Las detenciones por este nuevo caso electoral encendieron las alarmas por el contexto político en el que los grupos de poder recuperaron espacios perdidos, como las más altas Cortes del país, recordaron analistas.
En opinión del politólogo Ricardo Sáenz, se utilizan recursos legales de manera espuria en contra de opositores al Gobierno.
Junto a Solórzano y Argüello fueron enviados a prisión provisional el sociólogo Roberto Cáceres, Matilde Baján e Ingrid Leja, con una amplia trayectoria de participación ciudadana y política.
En los últimos días, diferentes grupos de la sociedad civil guatemalteca exigieron con plantones frente al Ministerio Público la liberación de los acusados, así como preocupación por los métodos utilizados, que recuerdan los del conflicto armado interno.
La víspera, más de 850 firmas pidieron también la salida de la cárcel de Solórzano y Argüello y de todos los presos políticos en Guatemala. agp/mmc
