En una vídeconferencia, coincidiendo con el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujeres, fue detallada esta guía dirigida a equipos y establecimientos de salud para que cumplan con la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto, aprobada hace seis meses en una histórica sesión en el Senado.
El protocolo ratifica el compromiso del Estado con el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional y, desde el punto de vista médico, incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal de la gestación.
Desde La Habana, a donde viajaron para conocer de cerca sobre el avance de los candidatos vacunales cubanos Soberana 02 y Abdala producidos por esa isla, la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, destacaron este importante paso que reivindica los derechos de las féminas.
‘Esta conquista tiene un impacto para nuestro país, pero también es fundamental para toda la región’, apuntó Nicolini, en tanto Vizzotti se refirió al desafío por delante para que se concrete esa lucha que dieron cientos de mujeres en las calles durante años para lograr este derecho.
Tenemos que trabajar para que quien lo desee acceda a él y podamos apoyar a los países de latinoamericana para que esto siga avanzando, expresó la titular de la cartera de Salud, tras agregar que este procolo es una herramienta que busca mayor justicia social.
Asimismo, destacó que la resolución ministerial y jurídica es muy relevante. En la mayor crisis sanitaria de todos los tiempos, en Argentina se sigue ampliando derechos en cada rincón, trabajando de manera mancomunada, enfatizó.
Mientras, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez, expresó que la ley sobre la interrupción legal del embarazo, aprobada el 30 de diciembre pasado, saca de la clandestinidad la decisión de miles de mujeres de someterse a este procedimiento, evita muertes y atiende de manera integral este derecho.
El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso libre e igualitario y este protocolo es una herramienta indispensable para que todo el equipo de salud pueda cumplir con la responsabilidad primaria de garantizar el acceso a la interrupción de la gestación, dijo.
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