La Policía apresó en su vivienda a la pariente y cómplice del exfuncionario, y le ocupó materiales que la involucran en el caso ‘gases lacrimógenos’ contra Murillo, explicó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.
La acusación contra Mireya Murillo, a quien le fueron ocupados en su casa en Cochabamba tres vehículos propiedad de su hermano, se basa en la legitimación de ganancias ilícitas y otros crímenes, explicó el titular.
Los agentes encontraron en la habitación del exesposo de la detenida y también cómplice de murillo, Daniel Aliss, recibos de depósitos, memorias USB’s, computadoras, tarjetas de débito y de crédito que los inculpan.
También mediante el allanamiento de unas diez viviendas ocuparon documentos de bienes inmuebles, fotocopias de procesos de contratación de gases lacrimógenos, ropa militar y armas de fuego, informó el funcionario.
‘En el domicilio de Arturo Murillo aparecieron armas de fuego, municiones y una pipa para fumar marihuana con restos de esa sustancia ilícita’, precisó del Castillo.
La Policía localizó también pruebas en las casas del exjefe de Gabinete de Arturo Murillo, Rodrigo Méndez; de Sergio Zamora, exdirector del Ministerio de Gobierno, y en una oficina de abogados propiedad de Méndez.
Otras pruebas fueron encontradas en las residencias de Raúl López, exdirector Jurídico del Ministerio de Defensa, y en las de Alan Menacho y Pedro Rea, exasesor y exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, respectivamente.
Del Castillo aseguró que los elementos confiscados están en custodia del Ministerio Público, que espera otros informes para determinar la participación de cada una de las personas señaladas en los procesos de contratación.
La justicia estadounidense imputó y detuvo el miércoles a Murillo, por cargos de lavado de dinero y soborno, mediante una operación entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
El plan del exministro de gobierno iba dirigido a beneficiarse de un contrato millonario por la compra de gases lacrimógenos y otros equipos no letales destinados al Misterio de Defensa del país andino.
Fuerzas del gobierno de facto emplearon esos recursos antimotines contra manifestantes descontentos con el golpe de Estado de noviembre de 2019 que expulsó del poder al entonces presidente constitucional Evo Morales.
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