La situación procesal de otros investigados se definirá en los próximos días, declaró el viceministro de Justicia César Siles, tras el apresamiento el viernes del cuñado de Murillo, Leonardo A. Paredes, y el exedecán Daniel Bellot.
Un juez determinó la detención preventiva de Paredes y de Bellot, ambos involucrados en el caso denominado ‘Gases lacrimógenos’, cuyo acusado principal es Murillo.
La Policía detuvo a Paredes luego de que este retiró dinero y objetos de valor de una entidad financiera de Cochabamba inscrita a nombre de Murillo; y a Bellot tras hacer dos depósitos a favor de Aliss.
Ambos individuos son investigados por la compra irregular en 2019 de los citados materiales antimotines, usados por el régimen de Jeanine Áñez contra manifestantes opuestos al golpe de Estado de noviembre de ese año.
La operación implicó el pago de 5,6 millones de dólares, de ellos un sobreprecio de 2,3 millones de dólares que benefició a Murillo y a los demás implicados, integrantes de un llamado ‘clan de corrupción’.
Una audiencia de medidas cautelares asumió ambas órdenes de arresto, al acreditar la presencia de riesgos de obstaculización y fuga, según el Ministerio Público.
El viceministro Siles evaluó las nuevas acciones judiciales como demostrativas de que ‘la justicia está avanzando e investiga esos hechos que afectaron la economía del Estado y la buena fe de los bolivianos’.
La autoridad confirmó que el Ministerio Público presentó en las últimas horas un pedido de extradición de Murillo a la jueza de control jurisdiccional del caso en Estados Unidos.
Siles explicó que ese es el primer paso después de un análisis de requisitos formales y de fondo para su presentación a la Cancillería y posterior remisión a Washington.
El Ministerio de Defensa, por su parte, informó sobre la existencia de seis nuevos casos de corrupción vinculados al régimen de la expresidenta del ejecutivo de facto Jeanine Áñez, así como indicios sobre otros 15.
Las autoridades estadounidenses imputaron y detuvieron el miércoles a Murillo, extitular de Gobierno de Áñez, prófugo de la justicia boliviana por acusaciones de soborno, lavado de dinero y operación de un grupo criminal.
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