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Rechazan militarización en Colombia

Bogotá, 29 may (Prensa Latina) Abogados y políticos en Colombia rechazaron hoy la orden del presidente Iván Duque del despliegue máximo de fuerza militar en Cali y otros ocho departamentos para apoyar a la policía ante la crisis.
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El senador Antonio Sanguino de Alianza Verde consideró que con esa medida el gobernante y el partido oficialista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, violan las leyes del país.

Es un asalto uribista a la Constitución nacional, a la democracia, al diálogo y al respeto a los derechos humanos, subrayó por medio de su cuenta en Twitter.

Por su parte, Juanita Goebertus, miembro de la Cámara de Representante del Congreso (parlamento bicameral) por el Partido Verde, aseguró que el decreto, además de no resolver el problema, es inconstitucional.

La también abogada y politóloga enumeró en tal sentido que viola autonomía territorial, prioriza acción militar sobre policial en disturbios internos, uso indiscriminado de toque de queda, de facto toma medidas de conmoción, pero evita el control constitucional.

Asimismo, el senador Roosvelt Rodríguez recalcó que ante las demandas sociales el gobierno de Duque optó por la respuesta fácil: la militarización de las ciudades.

No por ello, acotó, desaparecerán por arte de bala el hambre, la miseria, la exclusión, la inequidad y la negación histórica de los derechos a la mayor parte de la población.

La asistencia militar está consagrada en el Artículo 170 de la Ley 1801 y se retoma en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, sin embargo, solo puede usarse en situaciones excepcionales y de manera temporal.

De acuerdo con las normativas nacionales, los militares no pueden intervenir en las manifestaciones o su disolución ni realizar requisas ni capturas.

Ayer, el paro contra reformas económicas impulsadas por la administración de Duque devenido multitudinarias protestas antigubernamentales, cumplió un mes y la represión policial que se convirtió en rutina durante cada jornada de protesta, se multiplicó, tras lo cual el mandatario emitió la cuestionada orden.

Organizaciones no gubernamentales como Temblores ONG registran y documentan más de 60 muertes en el contexto del paro, y de ellas cerca de 50 por acciones de la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios.

oda/otf

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