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Poder Judicial de Nicaragua aplica detención a imputados por lavado

Managua, 30 may (Prensa Latina) Una jueza del Distrito Penal de Audiencias de Managua dictó detención judicial hasta por 90 días a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes, imputados por lavado de dinero, bienes y activos.
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Tal decisión judicial tiene la finalidad de realizar la investigación en su contra, precisa una nota del Poder Judicial.

La jueza Gloria Saavedra resolvió el sábado 29 admitir la solicitud de ampliación a 90 días del plazo para investigar a los imputados Walter Antonio Gómez y Marco Antonio Fletes, en el marco de la causa que el Ministerio Público (Fiscalía) abrió desde el día 21 en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Gómez desempeñaba el cargo de administrador y Fletes el de contador en la citada ONG, cuyas funciones cesaron el 5 de febrero por decisión personal de su representante, Cristiana Chamarro, principal implicada en el caso de lavado de dinero, bienes y activos en contra del ‘Estado y la sociedad de Nicaragua’, según la Fiscalía.

Los procesados Gómez y Fletes fueron conducidos el sábado a los juzgados de Managua, y puestos a la orden del Juzgado Décimo Penal de Audiencias, para la realización de la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, agrega la nota de prensa.

Jean Dylan Rivas, fiscal del Ministerio Público, indicó a la jueza Saavedra que debido a la gravedad de los delitos denunciados existe la probabilidad de que los imputados puedan evadir la justicia y obstaculizar la investigación.

Recordó que tales ilícitos, lavado de dinero, bienes y activos, constituyen un delito de crimen organizado.

Por tal razón el fiscal solicitó la ampliación a 90 días del plazo de investigación y detención judicial, de conformidad con el artículo 253 bis de la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal, aprobada el 2 de febrero anterior por la Asamblea Nacional (parlamento).

Chamorro, una candidata presidencial carente de un partido político que le sirva de vehículo electoral, decidió el 5 de febrero cerrar las operaciones de la mencionada fundación como forma de no acatar los preceptos de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de octubre del pasado año.

ga/fgn

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