En referencia a la detención del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en Estados Unidos, por soborno y lavado de dinero en relación con la compra de armas no letales para la policía, Lanchipa recordó que su captura fue solicitada a Interpol en tres ocasiones.
Sin embargo no hubo respuesta al pedido del gobierno boliviano, y se dio así vía libre a una campaña mediática que defendió a Murillo como blanco de persecución política y un ajuste de cuentas por parte del nuevo gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), elegido por mayoría en primera vuelta.
Junto a Murillo son investigadas otras autoridades del gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez, todos en relación con la compra de gases lacrimógenos a sobreprecio a finales de 2019.
‘Ahora queda demostrado y está totalmente acreditado que no se trata de una persecución política, es un tema de legalidad, un tema de justicia, la prosecución penal está enmarcada dentro de la garantía y defensa de los derechos de cada uno de los investigados’, reiteró Lanchipa en encuentro con los medios.
El fiscal general señaló que hasta el momento son investigadas 20 personas por el referido caso, los que de acuerdo con el proceso deben responder por hasta siete delitos.
Entre ellos destacan la expresidenta Áñez, ya en prisión al igual que otros funcionarios durante su gestión, sin embargo dos pesos pesados entre los acusados, Murillo, y el entonces ministro de Defensa, Fernando López, quienes huyeron del país en noviembre pasado.
Murillo está detenido en Estado Unidos, mientras el paradero de López es aún desconocido.
El gobierno de facto que asumió el poder en noviembre de 2019, tramitó la compra de gases lacrimógenos para la policía en el contexto de las manifestación a favor del presidente Evo Morales, obligado a dimitir por un golpe de Estado.
La adquisición de dicho material fue respaldada por tres Decretos Supremos, y concretada a través del Ministerio de Defensa, según las investigaciones el sobreprecio dio un margen de ganancias no declaradas de millones de dólares.
Este no es el único caso de corrupción que le investigan a la administración de Áñez, también el de la compra de respiradores, el pago de nóminas sobregiradas a familiares y amigos, y la privatización de empresas estatales sin el debido proceso, entre otros.
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