De acuerdo con la instancia, las personas identificadas como Lino R. S., Émerson G. K., Jimmy Ch. K., Wilmer A. M. y Miguel C. C., fueron condenadas a nueve años y cuatro meses de cárcel por el Tribunal de Garantías Penales de la provincia Esmeraldas.
Los procesados resultaron apresados en una operación denominada ‘Libertador I’, organizada tras la detonación de un carro bomba en el cuartel de Policía de San Lorenzo, el 27 de enero de 2018.
Esto ocurrió poco antes del secuestro de tres trabajadores del Diario El Comercio, quienes realizaban un reportaje sobre la seguridad en la zona fronteriza con Colombia.
Según la Fiscalía, la acusación se basó en elementos recabados a través de la Asistencia Penal Internacional del país vecino, pericias de evidencias practicadas por Criminalística, análisis de los dispositivos celulares encontrados, versiones y el informe investigativo elaborado por el personal de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado.
Además de la sentencia en prisión, los procesados fueron sancionados con una multa de 25 salarios básicos unificados (400 dólares) y otros 200 mil dólares como reparación integral al Estado ecuatoriano.
El proceso fue parte de un apelación a la resolución dispuesta por un tribunal, en primera instancia, que decidió sobreseer el caso.
Datos de la Fiscalía General revelaron que hasta el momento, 19 individuos han sido sentenciados por delincuencia organizada, en relación con el atentado al cuartel de Policía en San Lorenzo.
A causa de la explosión del coche bomba, 23 personas quedaron heridas y 37 casas resultaron dañadas.
El acto, considerado terrorista por el Gobierno, dio paso a una serie de explosiones con artefactos de fabricación casera, que produjeron varias muertes en el área y posteriormente, el 26 de marzo de 2018, se produjo el secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra, asesinados un mes después, mientras estaban en cautiverio.
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