La decisión despeja el camino para la entrada en vigor del 2 de junio al 30 de septiembre de una ley transitoria que mantendrá poderes adicionales del ejecutivo, para utilizarlos en caso de que el país tenga que lidiar con un rebrote de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.
En el centro de la polémica del proyecto está el pase sanitario, cuestionado por diversos sectores, que lo consideran un ataque a las libertades individuales.
Los sabios, como llaman en Francia a los miembros del Consejo Constitucional, respaldaron la aplicación de este mecanismo para eventos con más de mil personas, en los que el acceso se condicionará a la presentación del certificado de vacunación contra la Covid-19, un resultado negativo de una prueba de detección o demostrar que se superó la enfermedad.
La pasada semana, el Senado imitó a la Asamblea Nacional con el visto bueno a la salida de la urgencia sanitaria con una ley transitoria, propuesta gubernamental rechazada por parlamentarios de izquierda, quienes acudieron al Consejo para impugnarla.
El texto recoge la relajación de restricciones ya puesta en marcha por el gobierno, pero también la posibilidad de retomarlas si la pandemia vuelve a cobrar fuerza.
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