El texto devuelve a la palestra en el país el debate entre las posturas de seguridad y el apego a las libertades individuales, en un contexto marcado por recientes ataques, varios contra fuerzas del orden público, como el asesinato con cuchillo de una funcionaria policial en Rambouillet a finales de abril, el último con la etiqueta de acto terrorista.
En el proyecto de ley, el gobierno propone que al salir de la cárcel, los individuos sentenciados por terrorismo pasen de uno a dos años por medidas individuales de control administrativo y vigilancia, así como por un proceso judicial de reinserción a la sociedad.
Hace cerca de un año, el Consejo Constitucional censuró una iniciativa del oficialismo para aumentar el seguimiento a los condenados por terrorismo una vez en libertad, por lo que se trata de una segunda oportunidad de fortalecer leyes adoptadas en 2015 y 2017.
Desde la extrema derecha buscan endurecer aún más el texto, en torno al cual ya se presentaron más de 400 enmiendas.
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