Como parte de la causa, la Fiscalía solicitó la inhabilitación para cargos públicos contra Cristiana Chamorro, ‘por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal’.
Al propio tiempo el Ministerio Público pidió medidas precautelares de retención migratoria, para evitar la evasión del proceso investigativo que se le sigue a la propia Chamorro y a otras tres personas del entorno opositor.
Chamorro se desempeñaba como representante de la fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Barrios, cuando el 5 de febrero último decidió suspender sus operaciones con la intención de no cumplir con lo preceptuado por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
El 20 de mayo el Ministerio de Gobernación (Migob) citó a Chamorro y a dos exejecutivos de la Fundación al considerar que esa organización no gubernamental incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador.
Del análisis a los estados financieros correspondientes al período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, bienes y activos, sostuvo la fuente.
Al siguiente día el Migob pasó el caso a la Fiscalía, que desde entonces citó a más de una docena de personas en lo fundamental vinculados a medios de comunicación opositores, los cuales eran financiados por la Fundación con dinero recibido de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).
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