El derrumbe ocurrido el 5 de agosto de 2010 en la mina San José, ubicada en una zona desértica a casi mil kilómetros al norte de esta capital, cobró la atención mundial tras conocerse días después que los trabajadores estaban con vida pero sepultados a 700 metros de profundidad.
Ello generó un despliegue internacional para su salvación hasta que finalmente pudieron ser rescatados 69 días después del accidente, en un hecho sin precedentes que incluso fue llevado al cine.
Ahora, 21 años después de la tragedia y tras largas reclamaciones de los afectados, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que el Estado faltó a su deber de protección y actuó de manera negligente, por lo cual ordenó indemnizar a los demandantes.
El fallo señala que si el Estado hubiera cumplido con su obligación de controlar la actividad de riesgo realizada por la empresa minera y la falta de condiciones de seguridad evidentes desde años antes del suceso, los 33 trabajadores no hubiesen sufrido el accidente.
Las investigaciones determinaron que aunque la mina San José contaba con todas las autorizaciones para funcionar, incumplía ‘de manera reiterada y crónica con las exigencias básicas’.
Añade que por ello, al quedar atrapados, los mineros ‘no pudieron ser rescatados en un tiempo inmediato, manteniéndose bajo tierra por un tiempo prolongado, provocándoseles a los trabajadores los daños sicológicos acreditados en el proceso’.
Finalmente, el tribunal respaldó la decisión, por el ‘daño moral’ generado a las víctimas, entendiendo éste como ‘los dolores y turbaciones psíquicas que derivan del menoscabo padecido’.
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