Para los 15 firmantes del documento presentado ante la Sala Constitucional IV, la iniciativa legal plantea violaciones a la Carta Magna de Costa Rica por violar la independencia de poderes, la autonomía de instituciones y los derechos humanos, entre otros.
La propuesta legal, respaldada e impulsada por el Gobierno como parte de un acuerdo para recibir un crédito por mil 778 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, es rechazada de plano por partidos políticos, sindicatos y agrupaciones sociales y populares al estimar que aumentará el endeudamiento externo y la desigualdad en este país.
Aprobada en primer debate por 32 votos de los 57 legisladores, ahora el texto de la Ley Marco de Empleo Pública irá a consulta de constitucionalidad a la Sala IV por alrededor de un mes y si el voto es favorable, podrá ser sancionada en segundo y definitivo debate.
Ante proyectos legales tan polémicos, generalmente los magistrados indican la necesidad de 38 sufragios favorables (dos tercios de los diputados) para la aprobación definitiva, contrario a esta primera ocasión en que solo requería de 29.
Los firmantes de la consulta aseguran que varios artículos del proyecto de ley estarían violando distintos preceptos constitucionales, entre ellos, la independencia del Poder Judicial consagrada en los Artículos 9, 154 y 156 constitucionales, así como distintos tratados internacionales de derechos humanos.
Asimismo, violan la carta magna por incluir al Tribunal Supremo de Elecciones en esta propuesta legal de Empleo Público, así como las autonomías universitaria, municipal y de la Caja Costarricense del Seguro Social (encargada de la salud pública en Costa Rica).
Además, la propuesta va en contra de los principios de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad, pues la cláusula de objeción de conciencia incluida en ese texto viola tratados internacionales de derechos humanos.
También, resulta inconstitucional por ir en contra del derecho de sindicación y negociación colectiva, consagrado por la Organización Internacional del Trabajo, así como por proponer la aplicación desigual del salario global.
Los impulsores de la consulta plantean que hubo irregularidades en el procedimiento, en particular porque durante su discusión violaron el derecho de enmienda al declarar inadmisibles las mociones de reiteración.
Por su parte, representantes de agrupaciones políticas, sindicales, sociales y populares adelantaron manifestaciones contra este proyecto de ley y para que sea declarado inconstitucional por la Sala IV.
jf/ale
