Luego de la presentación en marzo último de 54 casos de sectores identificados como víctimas de genocidio, que ejemplifican cómo en Colombia este fenómeno es histórico, sistemático y generalizado, recomendó al gobierno respetar y hacer respetar los derechos humanos.
Asimismo, aconsejó facilitar el funcionamiento de la justicia y acatar recomendaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz; garantizar la reincorporación de los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y perseguir las conductas criminales que amenazan la implementación del Acuerdo de Paz.
Pidió proceder a la restitución completa de tierras a los despojados, dejar de victimizar a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y tratarlos como enemigos internos.
Demandó sancionar los crímenes cometidos contra ellos, garantizar su retorno a sus tierras ancestrales, comprometerse con la reparación y respetar su autodeterminación y dignidad.
También instó a disolver las estructuras paramilitares y dejar de usar el derecho penal para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos
El TPP dictaminó sancionar debidamente a los autores de ejecuciones extrajudiciales y tomar todas las medidas para que esos crímenes no se vuelvan a repetir.
Señaló, entre otros aspectos, la importancia de proceder a la desmilitarización total del país y empezar una reforma de la policía hacia una civil, republicana y al servicio de la ciudadanía, así como garantizar la reparación a víctimas en particular en el caso de genocidio de Unión Patriótica.
Por otra parte, el TPP pidió a los Estados Unidos cerrar la Escuela de las Américas, a la que considera escenario exportador de terror y violación de derechos.
Sugirió a los países que apoyan la paz continuar con el respaldo al Acuerdo firmado entre el Estado y las FARC y a la construcción de la paz.
Al Estado colombiano y la sociedad en conjunto recomendó cesar la represión y estigmatización contra las manifestaciones de protesta.
El fallo tiene como contexto el reciente estallido social que desde el pasado 28 de abril, en el marco del paro nacional, ocupó calles y plazas en demanda de una política social y sanitaria que garantice los derechos humanos en medio de la pandemia, señaló la organización Colectivo de Abogados.
Si bien no tiene un carácter obligatorio para los Estados, los fallos del TPP Pueblos constituyen importantes llamados a la conciencia ética de la humanidad; son precedentes para la jurisprudencia sobre los casos abordados, además de implicaciones jurídicas y políticas para los Estados involucrados en estos graves crímenes, afirmó.
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