Una comisión de expertos, instaurada durante el período extraordinario de sesiones de la UA celebrado de manera virtual el pasado 7 de mayo, revisará denuncias realizadas en la septentrional jurisdicción desde noviembre último y recopilará información para determinar su veracidad.
Ese grupo iniciará sus labores en Banjul, Gambia, trabajará también en el territorio etíope y después en sus países vecinos, cuando las condiciones sanitarias, sociales y de seguridad lo permitan, según un comunicado de prensa emitido por la organización continental.
Asimismo, la comunicación asegura que los especialistas cumplirán los principios de independencia, confidencialidad, neutralidad e imparcialidad, y garantizarán la protección de quienes aporten evidencias para explicar los hechos denunciados e identificar a los probables responsables.
El Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), otrora organización gobernante en el estado homónimo, atacó a la Fuerza de Defensa Nacional en noviembre de 2020 y, en respuesta, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva militar para neutralizarlo.
Antes y después de esa agresión, las autoridades etíopes acusaron al TPLF (siglas en inglés) de violar derechos humanos, pisotear la Constitución, incitar a la violencia étnica, masacrar civiles y otros delitos.
Si bien Ahmed declaró concluida la ofensiva militar el 28 del propio mes, continúan prófugos varios integrantes de la Junta, que intentan regresar al poder de la región y culpan al ejército federal de dispares abusos.
En Tigray, inmerso en un proceso de reconstrucción, el gobierno, con ayuda de varias agencias internacionales, entrega alimentos y otros productos de primera necesidad a millones de personas afectadas por el conflicto, pese a sabotajes del TPLF, según fuentes oficiales.
agp/raj
