Aprobado este jueves en el primero de dos análisis por 32 votos a favor y 15 en contra, los sindicalistas consideran que con su labor podrían lograr sumar a cinco legisladores más y derrumbar así la sanción de la propuesta legal en la votación definitiva, en la cual serán necesarios 38 sufragios favorables para su aprobación.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, indicó a la prensa que ‘con fórceps se hizo esa aprobación (primer debate), pero para el segundo debate hay un montón de días en medio’.
Asimismo, el secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Dennis Solís, recordó que al inicio de la discusión de esa iniciativa en la Asamblea Legislativa (parlamento) apenas había cuatro diputados en contra del proyecto, pero que la lucha de los sindicatos ha logrado aumentar ese número.
Por otra parte y menos de una hora después de ser sancionada, 15 diputados firmaron la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley de Empleo Público a la Sala Constitucional (IV), al considerar que ese texto viola artículos de la Constitución.
Para los 15 firmantes, la iniciativa legal trasgrede la independencia de poderes, la autonomía de instituciones y los derechos humanos, entre otros puntos.
La propuesta, respaldada e impulsada por el Gobierno como parte de un acuerdo para recibir un crédito por mil 778 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, es rechazada de plano por partidos políticos, sindicatos y agrupaciones sociales, al estimar que aumentará el endeudamiento externo y la desigualdad en este país.
Los firmantes de la consulta aseguran que varios artículos del proyecto de ley estarían violando distintos preceptos constitucionales, entre ellos la independencia del Poder Judicial consagrada en los Artículos 9, 154 y 156 constitucionales, así como distintos tratados internacionales de derechos humanos.
Los impulsores de la consulta plantean además que hubo irregularidades en el procedimiento, en particular porque durante su discusión violaron el derecho de enmienda al declarar inadmisibles las mociones de reiteración.
Por su parte, representantes de agrupaciones políticas, sindicales y sociales adelantaron manifestaciones contra este proyecto de ley, a fin de que sea declarado inconstitucional por la Sala IV.
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