‘Es imperativo que el gobierno federal le preste atención a las organizaciones de la sociedad civil que han estado denunciando las terribles negociaciones en este contrato’, expresa Adi Martínez, directora de operaciones del Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Destacó que, tal y como está el contrato, los fondos federales destinados a la reconstrucción de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tras los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 se usan para impulsar intereses privados y no se atenderán las necesidad básicas de Puerto Rico de crear una red energética resiliente y saludable para el ambiente.
La AEE y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3A) de Puerto Rico suscribieron un contrato en junio de 2020 con la recién formada empresa LUMA Energy, subsidiaria de Quanta Services y Canadian Utilities Limited, para la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en esta isla del Caribe.
El contrato a 15 años ascendente a mil 500 millones, que se negoció a puertas cerradas, podría convertirse en una pesadilla climática e insostenible económicamente para el pueblo puertorriqueño, si el presidente Biden no toma acción inmediata, se indicó.
‘Tome acción inmediata para evitar que el contrato entre el gobierno de Puerto Rico y la empresa privada LUMA Energy dejen en estado de indefensión al pueblo’, se malgasten fondos federales y se violen políticas públicas sobre derechos laborales y energía renovable, afirmaron las diversas organizaciones en carta al mandatario estadounidense.
Las entidades insisten en que la administración de Biden tiene un interés en estas gestiones, porque la AEE planifica usar miles de millones de dólares de fondos federales para pagarle a LUMA Energy la reconstrucción de una red eléctrica de Puerto Rico.
Los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) deben invertirse en sistemas solares en los techos de abonados de la AEE y baterías, y no permitir que LUMA y sus afiliadas se apropien de ellos, explicó Ruth Santiago, abogada del Comité de Diálogo Ambiental.
Otra preocupación expresada en la carta es que las tarifas que la gente pagará por la electricidad aumentarán sustancialmente, esto en una isla donde se estima que el 57 por ciento de los niños viven en condiciones de pobreza.
‘La administración de Biden podría evitar la situación de injusticia ambiental, laboral y económica en Puerto Rico. Este acuerdo sospechoso viola las órdenes ejecutivas del presidente Biden sobre el cambio climático y la protección a los trabajadores’, dijo Laura Beatriz Arroyo, abogada senior de Earthjustice.
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