Al fundador del Partido de los Trabajadores (PT) se le culpaba de presunta corrupción pasiva en un caso relacionado con la emisión de la medida provisional 471, que prorrogó por cinco años los favores fiscales para compañías de ese renglón.
Tal orden se dictó en 2009, cuando Lula aún ocupaba el cargo de jefe de Estado.
La decisión responde a la petición del Ministerio Público Federal, el cual argumenta que no se demostró ninguna prueba de que el exgobernante haya cometido alguna irregularidad en la edición de la medida.
Según la decisión del juez Frederico Botelho de Barros, que también absolvió al exjefe de gabinete Gilberto Carvalho y a otras cinco personas, no se demostró ‘de forma convincente’ cómo los acusados ‘habrían participado en el contexto presuntamente delictivo’.
Insistió en que ‘no hay pruebas apropiadas y ni siquiera mínimamente aptas para demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre los acusados con fines de transferencia de valores a favor de Lula y Gilberto Carvalho’.
La acusación indicaba que el PT recibió seis millones de reales (un poco más de un millón de dólares) a través de reuniones con Carvalho.
En mayo, la propia Fiscalía se manifestó por la absolución de los acusados en la operación denominada Zelotes.
Para Botelho de Barros, ‘la acusación carece de elementos, aunque sean indiciarios, que puedan fundamentar, más allá de cualquier duda razonable, cualquier juicio condenatorio contra los acusados’.
En marzo, el exdirigente sindical metalúrgico recuperó sus derechos políticos cuando el Supremo Tribunal Federal derogó cuatro juicios que cursaban contra él en tribunales de la sureña ciudad de Curitiba por un conflicto de competencias.
Tras la invalidez de las sentencias, Lula también recobró su posibilidad de presentarse en la carrera por el poder el próximo año.
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