La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) advirtió que la propuesta enviada por el Ejecutivo facilitará los permisos para el uso y aprovechamiento del agua a entidades privadas por hasta un período de 30 años.
‘Hay algunos elementos que nos preocupan, como el tema de autorizaciones, aunque al principio de la ley plantea que no se va a privatizar el agua’, señaló Luis González, integrante de la UNES, a propósito del proyecto.
El artículo 61 establece que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que será creada para administrar el recurso, otorgará permisos a instituciones públicas y privadas por hasta 15 años, con posibilidad de ser renovados.
‘El proyecto aparta la participación de las personas y la contraloría que la actividad ciudadana representa, haciendo la ASA un autorizador de permisos vertical’, agregó la activista medioambiental Amalia López.
Varias organizaciones coinciden en que la propuesta presentada el viernes pasado por el presidente Nayib Bukele rescata la esencia de la Ley Integral de Agua presentada por el sector privado en 2018.
La actual Asamblea Legislativa, controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas, archivó a inicios de junio una propuesta de Ley de Agua presentada por movimientos sociales, académicos y ambientalistas.
Dicha propuesta fue discutida durante 15 años, pero siempre bloqueada por la derecha parlamentaria, renuente a cerrar la puerta del sector privado a la instancia a cargo de administrar los recursos hídricos.
Sobre la nueva normativa, que será aprobada en menos de 90 días por orden del presidente Nayib Bukele, varias voces de la oposición cuestionan la poca transparencia en su elaboración.
‘No sabemos cómo se construyó, a quienes se consultó, no queda claro cómo se evitará la privatización y tampoco queda clara la participación ciudadana y saneamiento’, comentó la exdiputada de izquierda Nidia Díaz.
A su vez, el llamado Foro del Agua reconoce que la propuesta del gobierno rescata diversas herramientas planteadas desde las organizaciones sociales, y valora el reconocimiento del agua como bien nacional de uso público.
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