La rival de Castillo en la pugna por la presidencia, Keiko Fujimori, pretende la nulidad de regiones andinas pobres en las que ganó ampliamente Castillo, para cambiar a su favor el resultado del cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Todos sus recursos de nulidad han sido rechazados por las cortes electorales de provincias, por extemporáneos o por no ajustarse a las causales acotadas por la ley electoral para la anulación, algo tan difícil de lograr por el principio de la protección del voto.
En las elecciones generales de 2011 y 2016, por ejemplo, los pedidos de nulidad apenas pasaron de una veintena cada vez.
Ante semejante muralla jurídica, el batallón de abogados que sirven a la candidata, junto a fuerte apoyo mediático y de militares jubilados, apeló al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la máxima corte electoral comenzó a analizarlas.
Sin embargo, el fujimorismo insiste además en que el JNE ahonde en sus denuncias, busque y encuentre fundamentos para validarlas o descartarlas, pese a que en el proceso no existe fase probatoria y las pruebas deben acompañar a la denuncia.
El afán fujimorista equivale, según expertos electorales, a pedirle a un juez que se haga cargo de la fase de investigación, y enfrenta además el hecho de que las fases y plazos de la justicia electoral son inalterables, entre otras cosas para evitar demoras e incertidumbres como la presente.
La ONPE fue por otra parte cubierta de acusaciones e improperios de seguidores de la candidata, por negarse al pedido de los abogados, que tiene todas las trazas de ser una maniobra dilatoria, que les entregue el padrón electoral.
El padrón está en custodia del Registro Nacional de Identificación (Reniec) porque este debe proteger la confidencialidad de los datos personales que contiene, según explicó el organismo.
La maniobra de los abogados de Fujimori se extendió a un pedido de ‘Habeas data’, derecho de acceder a información pública, pues quiere cotejar las firmas de los electores para probar su alegato de firmas falsas de miembros de mesa en cientos de actas electorales, lo que podría demorar más el proceso de las nulidades y alteraría el cronograma electoral.
Esa y otras supuestas irregularidades invocadas son normales en un proceso electoral y muchos de los ciudadanos a los que corresponden las firmas cuestionadas, han aclarado que estas son auténticas.
Pero los expertos en elecciones señalan que los reclamos fujimoristas debieron presentarse durante la votación y consignarse en las actas para que puedan mostrarse ante la justicia electoral.
El fujimorismo alega que no tuvo suficientes personeros o había un clima hostil para los suyos en las zonas rurales en cuestión, aunque cada colegio electoral tenía la presencia vigilante de la ONPE, el JNE, la Fiscalía y hasta las Fuerzas Armadas y ninguno reportó quejas.
Es más, la noche del 6 de junio, día del balotaje, la prensa daba cuenta de una jornada electoral impecable, con algunas incidencias aisladas, pero limpia y ningún personero del partido fujimorista Fuerza Popular pidió durante la elección la nulidad de mesa alguna.
Esa noche, la encuestadora privada Ipsos, a la que se da fama de acertar en sus previsiones de elecciones en Perú, informó el resultado de un conteo rápido, basado en una muestra de actas electorales, que dio a Castillo el primer lugar con 50,2 por ciento frente a 49,8 de Fujimori, casi exactamente igual al resultado después del conteo de la ONPE.
Recién al día siguiente, Fujimori denunció supuestos ‘indicios de fraude’, mencionando algunos, como las instrucciones a militantes de Perú Libre a acudir muy temprano a las mesas para aprovechar la posibilidad de reemplazar a los miembros de mesas de sufragio que no asistieran, algo tradicional en Perú.
Lo improvisado del reclamo se reflejó en el hecho que pidió a sus electores que denuncien posibles irregularidades. Además, reclutó el concurso de caros estudios de abogados para que revisen las actas de sufragio, más de 88 mil, en busca de motivos de reclamo.
Al mismo tiempo, organizó movilizaciones en supuesta defensa del voto y fue cambiando sus alegatos desde los supuestos indicios de fraude en las mesas de votación por cuenta de Castillo, a cuestionar a la ONPE y el JNE, cuyos titulares sufrieron el asedio de manifestantes pro-Keiko en sus casas, para presionarlos.
Además, el escritor derechista Mario Vargas Llosa y un grupo de impopulares expresidentes de países de la región, como el boliviano Jorge Quiroga y el colombiano Andrés Pastrana, así como el partido español Vox (extrema derecha), apadrinaron las alegaciones de Fujimori.
Pastrana reprodujo inclusive las ‘fake news’ (noticias falsas) usadas a favor de Fujimori y las presiones llegaron a pronunciamientos de militares jubilados a favor de los reclamos de la candidata derrotada en sendos balotajes en 2011 y 2016.
Uno de esos pronunciamientos mereció el rechazo airado del presidente Francisco Sagasti, quien acusó a los exmilitares de incitar a los actuales jefes a quebrar la constitucionalidad, al pedirles en una carta que no reconozcan como presidente a quien proclamara el JNE si este no hubiera accedido a las exigencias de Fujimori.
El analista Mirko Lauer y otros comunicadores advirtieron que existe el peligro de un golpe de Estado en marcha y a ello se sumó el recurso de amparo que un juez jubilado cercano a las posiciones fujimoristas presentó ante el Poder Judicial, para que anule el balotaje porque estaba ‘viciado’.
Mientras tanto, los alegatos de la candidata que ocupó el segundo lugar en el conteo oficial de votos alega supuesto robo de votos por ella y proclamas anticomunistas como la exigencia de ‘salvar’ a Perú de un gobierno de izquierda.
Sus abogados, sin argumentos, sostienen ahora que les asiste el derecho de conocer la verdad de los comicios y para ello seguirán presentando pedidos con el real fin de deslegitimar el proceso electoral, aun a costa de promover el golpismo, según el exministro del Interior Walter Albán.
‘Un día de estos vana a pedir los certificados de nacimiento de los miembros de las mesas electorales’, dijo Albán, mientras otros analistas contemplan el riesgo de que quienes no acatan el resultado del conteo oficial, logren demorar la proclamación del gobernante al extremo de que el 28 de julio, fecha señalada por la Constitución para la toma de posesión, no haya presidente electo.
jcm/mrs
