Anoche, los 14 abogados defensores concluyeron sus descargos ante el Juzgado Penal de Hacienda, iniciados el martes de la semana anterior, un día después de la detención de esa cantidad de funcionarios públicos y privados.
Al finalizar la participación del Ministerio Público, los jueces deberán indicar la fecha en que dictarán las medidas cautelares contra cada uno de los implicados, aunque las autoridades judiciales aseguran que investigan en total a 72 personas, supuestamente vinculadas con el denominado aquí caso Cochinilla,.
Los funcionarios apresados están señalados de presuntos delitos de corrupción, por componendas entre ellos para malversar fondos públicos.
Los implicados laboran en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y en empresas constructoras privadas como Meco, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, reveló a la prensa que en 2019 recibieron información confidencial de que un grupo de funcionarios públicos se reunían con miembros de empresas privadas, ganadoras siempre de las adjudicaciones, y que estaban malversando fondos que afectaban el erario público.
Según Espinoza, los detenidos habrían cometido delitos como asociación ilícita, peculado, cohecho, malversación, sobornos, regalías, gratificaciones irregulares y tráfico de influencias, entre otros.
‘Las investigaciones indican que ha habido un pago de fondos y presupuestos adelantados para cometer los delitos y al parecer se han malversado unos 78 mil millones de colones, unos 128 millones de dólares’, subrayó Espinoza.
Desde el primer momento, el presidente Carlos Alvarado respaldó la investigación y afirmó que ‘ahí donde hay un corrupto, también hay un corruptor, y ambos deben ser sancionados. Es mi deseo, igual que el del resto de las y los costarricenses que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan’.
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