En una nota enviada por la Alianza Martiana a Prensa Latina, sus integrantes destacaron que el gobierno de turno de Israel no podía comportarse de otra manera, porque corre el riesgo de quedarse sin los misiles ‘para seguir asesinando tantos y tantos palestinos’.
El texto recuerda que la votación fue de 184 estados miembros a favor del texto de condena a las sanciones unilaterales de Washington, dos en contra de la resolución -Estados Unidos e Israel-, mientras se abstuvieron los gobiernos de Brasil, Colombia, y Ucrania.
Los activistas manifiestan además que las autoridades ucranianas olvidaron lo mucho que el gobierno cubano y su pueblo hicieron a favor de sus menores, víctimas del desastre nuclear de Chernobyl, y resaltaron además las posiciones serviles de los presidentes Jair Bolsoraro e Iván Duque, de Brasil y Colombia, respectivamente.
El documento hace referencia además a los efectos de esta política estadounidense de terrorismo de Estado, de genocidio en el significado exacto de esta palabra, que constituye ‘un acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso’.
La Coalición Alianza Martiana está conformada por la Brigada Antonio Maceo; la Alianza Martiana (como organización individual); la Asociación Cultural José Martí; el Círculo Bolivariano de Miami, Negra Hipólita; la Asociación de Mujeres y Radio Miami, acompañadas nuevamente en esta ocasión por entidades fraternas como Fornorm y PazAmor.
Por vigésimo novena ocasión desde 1992, ayer los países del mundo demandaron de manera categórica en el principal órgano deliberativo de Naciones Unidas el levantamiento del bloqueo impuesto hace 62 años por Washington a la isla caribeña.
Más de 15 naciones y organizaciones internacionales como el Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 más China y la Comunidad del Caribe denunciaron en ese foro los daños ocasionados por ese mecanismo y demandaron su fin.
Diplomáticos y altos representantes de diferentes naciones condenaron el incremento de la política hostil y el aumento de las medidas coercitivas unilaterales que el Gobierno de Estados Unidos impulsó contra Cuba en el contexto de la pandemia de Covid-19.
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