A través de una nota de prensa, la Fiscalía reiteró además que investiga a ambas organizaciones y sus respectivas Juntas Directivas ‘por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer ilícitos’.
También, indicó que el proceso judicial prosigue en ‘contra de todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigados por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley (1055) de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Ese texto jurídico, aprobado el 21 de diciembre del año pasado, preceptúa en su primer artículo como actos punibles la incitación a la injerencia extranjera en los asuntos internos, la petición de intervenciones militares, formas de organización con financiamiento de potencias extranjeras y la ejecución de acciones de terrorismo y desestabilización.
Igualmente, considera que son objeto de sanción la propuesta y gestión de bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, así como la demanda y exaltación de sanciones en perjuicio del Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, todos los cuales lesionan los intereses supremos de la nación.
La nota de prensa agrega que la Fiscalía solicitó este lunes audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
Las investigaciones sobre Chamorro están relacionadas con presuntas actividades ilícitas a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y además porque el órgano representante del Estado cuenta con ‘fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo’, de conformidad con la Ley número 1055.
Los procesos en curso contra las mencionadas ONG se iniciaron el 20 de mayo, cuando el Ministerio de Gobernación citó a tres directivos de la FVBCH debido al grave incumplimiento de sus obligaciones para con el ente regulador y existir claros indicios de lavado de dinero, obtenidos del análisis a los estados financieros correspondientes al período 2015-2019.
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