La propuesta es resultado de un mandato de la Corte Constitucional, dispuesto hace dos meses, de redactar un cuerpo legal que permita el acceso al aborto cuando sea producto de una estupro.
Acercamiento, socialización, sistematización, análisis y redacción del texto fueron los pasos seguidos por la Defensoría, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales sobre la base de aportes de organizaciones sociales, colectivos de mujeres, feministas, instituciones públicas y la ciudadanía en general.
Según aclaró el organismo, el proyecto legal está anclado a principios como el de autonomía en la toma de decisiones, atención integral, buena fe y calidad en la atención a las niñas, mujeres y adolescentes víctimas de esa situación.
La normativa está orientada a reconocer la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación como un derecho de las féminas, por lo cual cuenta con una sección dedicada a establecer los derechos más específicos y las garantías que existen para las gestantes, teniendo en cuenta las diferentes vulnerabilidades a las que pueden estar sujetas.
Asimismo, comprende su condición etaria, posible discapacidad, situación socioeconómica y de movilidad humana e inclusive si se encuentran privadas de la libertad.
La ley establece obligaciones que refuerzan la prestación de una atención integral y garantiza el acceso oportuno y eficaz de los servicios de salud y de justicia, mientras establece acciones coordinadas entre las instituciones vinculadas a la atención de las víctimas de violencia sexual.
Igualmente, especifica los deberes del personal de salud e integra las recomendaciones y buenas prácticas para una atención orientada a evitar que las embarazadas producto de violación, con voluntad de interrumpir la gestación, no sean sometidas a requisitos legales, los cuales impliquen obstáculos al proceso.
Señala que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de desplegar todas las acciones necesarias para que niñas, adolescentes y mujeres reciban cuidados médicos, legales y psicosociales, a fin de ayudar a reparar el daño provocado por el acto del sexo no consentido, derivado en embarazo.
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