Aunque el titular, Buthaina Dinar, no proporcionó nombres ni fechas para el traspaso, hizo un comentario al respecto al final de una reunión del gobierno a puertas cerradas.
Explicó que ese proceso tomará tiempo debido a los trámites requeridos, algunos de ellos relacionados con el Estado, así como siendo procesados los imputados en otros casos relacionados con la corrupción y el golpe de Estado de 1989.
El asunto se refiere a acusaciones dimanadas de la guerra en la occidental región sudanesa de Darfur que se desató en 2003 y tras el cambio de gobierno en Sudán esa contienda cedió su espacio a conflictos entre comunidades.
Desde la caída del presidente Omar Hasán al Bashir y la formación del gobierno de transición hace casi dos años, la cuestión de entregar a las personas buscadas a la CPI resulta polémica en el Ejecutivo.
En el Acuerdo de Paz firmado en Juba, la capital sursudanesa, se incluye el principio de que los sospechosos comparezcan ante el tribunal sin especificar los mecanismos y el lugar de esa presentación, y si será dentro o fuera de Sudán.
En su reciente visita al país, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda demandó la extradición de Ahmed Haroun, quien era una autoridad del gobierno derrocado, para que compareciera ante el tribunal de La Haya, junto con el también sudanés Ali Kushayb, exjefe paramilitar.
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