Murillo, prófugo de la justicia boliviana, espera juicio en el estado de Florida por su participación en la compra a sobreprecio de gases lacrimógenos y otros cargos relacionados con los delitos de soborno y lavado de dinero.
Mayta explicó que le proceso de extradición es muy complejo, y para que sea efectivo hay que velar por muchos detalles como la presentación de la mayor cantidad de pruebas posibles y la adecuada traducción de las mismas de acuerdo con las exigencias del lenguaje técnico-jurídico.
‘ (…) tiene que cumplir todos los requisitos de lo que se llama causa probable, o sea tiene que estar toda la prueba para que el juez de los Estados Unidos, cuando revise esos documentos, diga que es muy probable que las personas que están siendo acusadas realmente sean los autores de delitos’, dijo a una televisora local.
De no ser así, aclaró, las autoridades estadounidenses podrían rechazar la petición, de ahí la importancia del trabajo de la fiscalía y el resto de los implicados en el proceso.
El titular de Exteriores de Bolivia destacó la relevancia del caso por lo que representan los hechos relacionados con él durante la gestión del gobierno de facto de Jeanine Áñez, en el que Murillo funció como autoridad.
Al frente de la cartera de Gobierno, Murillo y otros altos cargos de administración golpista, están directamente relacionados con los continuos actos de represión que dejaron decenas de muertos, y cientos de heridos y detenidos.
El gobierno de facto que asumió el poder en noviembre de 2019, tramitó la compra de gases lacrimógenos para la policía en el contexto de las manifestaciones a favor del defenestrado presidente Evo Morales.
La adquisición de dicho material fue respaldada por tres Decretos Supremos, y concretada a través del Ministerio de Defensa, según las investigaciones el sobreprecio dio un margen de ganancias no declaradas de unos 2,3 millones de dólares.
Hasta el momento en Bolivia son investigadas una veintena de personas por el referido caso, los que de acuerdo con el proceso deben responder por hasta siete delitos.
Entre ellos destacan la expresidenta Áñez, ya en prisión, Murillo, detenido en Florida, y el entonces ministro de Defensa, Fernando López, también prófugo de la justicia Boliviana.
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