Los 155 integrantes de la Convención que redactarán la nueva Constitución, no pudieron sesionar ninguno de esos días porque en el ex Congreso Nacional, donde deben reunirse, no habían sido creadas las condiciones mínimas y faltaban hasta micrófonos, computadoras y teléfonos.
Por tal motivo, la bancada del Partido Comunista (PC) anunció que evaluará presentar una acusación constitucional contra Juan José Ossa, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y el propio presidente Sebastián Piñera.
Al respecto la diputada comunista Camila Vallejo consideró ‘impresentable y vergonzoso’, el actuar del Gobierno y el Ejecutivo ‘con la incapacidad de tener la factibilidad sanitaria, técnica y tecnológica para realizar la primera sesión’.
Añadió que esa situación implica responsabilidades políticas que recaen en el Presidente y la Segpres, y lo mínimo que se puede hacer es evaluar y trabajar en una posible acusación constitucional.
Por su parte, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, hizo un llamado al ministro de la Segpres a renunciar ‘por dignidad’.
‘Frente a uno de los procesos más importantes que tenemos en el país, debería presentar su renuncia ahora, sin ninguna explicación más’, declaró Sepúlveda a cooperativa.cl.
Desde la derecha, los pedidos de renuncia al ministro y de presentar una acusación constitucional fueron calificados de improcedentes, aunque debieron admitir la negligencia en los preparativos del cónclave.
Al respecto, el diputado Tomás Fuentes, del partido Renovación Nacional, consideró que Francisco Encinas, el muy criticado secretario ejecutivo de la Convención, nombrado por el Gobierno en ese cargo, ‘no dio el ancho’.
Por si fuera poco, los diputados de la Democracia Cristiana pidieron a la Contraloría General de la República una auditoría por posibles irregularidades en el contrato para el aseguramiento material de la Convención.
Según expusieron, la Segpress contrató a una empresa privada de forma directa, sin una licitación, por más de 450 millones de pesos chilenos (más 600 mil dólares), por lo cual pidieron a la Contraloría investigar el uso de esos recursos.
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