Ferreira se considera pieza clave para desvelar los detalles de las denuncias de dos presuntas acciones de cohecho en la adquisición de fármacos contra el patógeno por parte de la cartera de Sanidad.
El exfuncionario fue acusado de exigir dinero para cerrar el contrato de compra de antígenos de la empresa anglo sueca Astrazeneca, según reveló el 29 de junio el diario Folha de Sao Paulo.
De acuerdo con el periódico, el representante de la compañía estadounidense Davati Medical Supply, Luiz Dominguetti, afirmó que recibió una solicitud de soborno de un dólar por dosis de inmunizante (400 millones) para cerrar el contrato con el ministerio.
Tal pedido de propina, remarcó Dominguetti, la hizo Ferreira en una cena en Brasilia.
La designación en el cargo de Ferreira tuvo lugar en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, cuando la cartera sanitaria aún era dirigida por el médico Luiz Henrique Mandetta.
Propagado como una indicación del líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, fue nombrado el 8 de enero de 2019.
Barros, sin embargo, apuntó que desconocía totalmente la acusación de sobornos y que Ferreira no era su propuesta.
En octubre de 2020, Bolsonaro solicitó la retirada del procesamiento de Ferreira para el cargo de director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, en sustitución de Alessandra Bastos Soares.
Una publicación en febrero en el Diario Oficial de la Unión indicó que fue designado como signatario de los contratos firmados por el ministerio para la compra millonaria de los inmunizantes Sputnik (Rusia) y Covaxin (India).
El exdirector, quien niega cualquier tipo de acusación, fue destituido en junio, tras la imputación de requerir un soborno para autorizar la obtención de la vacuna de AstraZeneca por parte del Gobierno federal.
Las solicitudes de convocatoria en la comisión fueron presentadas por los senadores Humberto Costa y Otto Alencar, quienes también quieren aclarar la supuesta implicación de Ferreira en irregularidades en la compra de otro inmunizante: Covaxin.
En su décima semana, la CPI investiga el desempeño del Poder Ejecutivo ante el virus que hasta la fecha cobró 526 mil 892 vidas perdidas y 18 millones 855 mil 15 infectados.
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