El fallo del juez Carlos Soto, de la Unidad Civil Norte, en la provincia de Pichincha, permanecerá vigente mientras se espera el dictamen de la Corte Provincial sobre una acción de protección admitida parcialmente a su favor, según la cual sus derechos fueron vulnerados en el proceso del Concejo Metropolitano para avalar su destitución.
Según establece, el vicealcalde, Santiago Guarderas, no podrá ocupar el cargo ni tomar decisiones.
Por su lado, aunque cuenta con el rechazo de la mayoría de los ediles, Yunda continúa en funciones y no ha dejado de desarrollar sus labores, pese a que el pedido de separación del puesto fue aprobado desde el pasado 3 de junio por 14 de los 21 concejales.
Sobre ese proceso, la autoridad municipal y su defensa insisten en que hubo irregularidades en el procedimiento, por lo cual pidieron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) su revisión.
Como respuesta, el ente ratificó la procedencia de los pasos dados en el interior de Concejo para aprobar la remoción de Yunda.
Pese a contar con las medidas cautelares, expertos estiman que el único beneficio de las mismas es conceder un poco más de tiempo antes de lo inevitable: su salida de la alcaldía.
Yunda ocupa el cargo desde 2019, cuando resultó electo para el mismo por la mayoría de los votantes en elecciones seccionales.
Con menos de tres años en funciones, su gestión despierta polémica, pues está caracterizada por contar con grupos a favor y en contra.
Quienes lo defienden señalan que ha logrado ayudar a varias comunidades y resaltan las obras inauguradas, mientras sus detractores critican la labor realizada y hablan de un atraso en el desarrollo de la ciudad en el período actual.
Otro elemento en su contra es el proceso legal que enfrenta por la supuesta adquisición irregular de pruebas para detectar la Covid-19 en 2020, durante el período más difícil de la incidencia de la enfermedad en la capital, la urbe más golpeada por la dolencia en todo el país.
Sobre el nuevo fallo Yunda señaló en su cuenta en la red social Twitter: ‘Nuevamente la justicia me ha dado la razón. Se han otorgado medidas cautelares, ordenando al Concejo Metropolitano no posesionar al señor Guarderas que quiere entrar por la ventana’.
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