En lo que se considera un hito histórico, ese órgano se estableció oficialmente el 4 de julio con un claro mensaje de que la mayoría de sus integrantes se proponen asumir de lleno una etapa encaminada hacia profundas trasformaciones en el país.
Evidencia de esto fue la elección como presidenta de la Convención a la reconocida académica Elisa Loncón, con lo cual por primera vez en la historia del país un representante del pueblo mapuche ocupa una responsabilidad de primera importancia.
Como vicepresidente resultó electo en una reñida elección de tres vueltas, el abogado constitucionalista Jaime Bassa, del izquierdista Frente Amplio.
Tanto Loncón como Bassa expresaron que una de las primeras acciones del cónclave sería promover un pronunciamiento en relación con la liberación de los presos de la revuelta iniciada el 18 de octubre de 2019, cuya irregular situación constituye un asunto que reclama urgente solución.
Esto se hizo realidad el jueves, cuando por amplia mayoría de 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, la Convención aprobó una declaración política sobre el particular.
El tema fue objeto de un largo debate durante el cual los representantes de la derecha se expresaron en bloque en contra y emitieron una declaración en la cual alegaron que a ese órgano ‘no le corresponde invadir facultades de otros poderes del Estado ni adjudicarse atribuciones que no le ha entregado la ciudadanía’.
Sin embargo, finalmente se impuso una propuesta presentada por los representantes de los partidos Socialista y Comunista, el Frente Amplio e independientes.
El texto solicitó la mayor rapidez en la tramitación del proyecto de indulto que analiza el Congreso Nacional, el retiro de todas las acusaciones interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la desmilitarización del territorio mapuche y la implementación de una política de reparación.
Sin embargo, la Convención debió enfrentar en la semana no pocos tropiezos que condujeron a la suspensión de las sesiones del lunes y el martes pues en su sede, el ex Congreso Nacional, no habían sido instalados los recursos imprescindibles para su funcionamiento.
Ello llevó al vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, a plantear que más allá de deficiencias organizativas, se trataba de un problema político por la falta de garantías del ejecutivo para poder iniciar la labor de la Convención.
La situación generó un enorme disgusto entre los constituyentes, que calificaron al gobierno de negligente y hasta de querer boicotear la Convención, e incluso pidieron la renuncia de Juan José Ossa, ministro de la Secretaria General de la Presidencia, responsable con el aseguramiento de la Convención.
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