Por medio de un comunicado, la Agencia de Asuntos de Refugiados y Repatriados etíope solicitó el rechazo unánime de los estados y las organizaciones internacionales a los crímenes cometidos por el TPLF (siglas en inglés) en lugares de acogida.
Actualmente, el país refugia a más de 900 mil ciudadanos, la mayoría procedentes de Eritrea, Somalia, Sudán y Sudán del Sur, según fuentes oficiales.
Contrario a la voluntad histórica del gobierno, hay informes de ataques contra individuos de Eritrea protegidos en el estado regional de Tigray, denuncia la comunicación.
El país, declaró la entidad, ‘tiene reputación de acoger y proteger a refugiados, y trabaja para garantizar que contribuyan a la paz y prosperidad de sus lugares de origen, cuando regresen, pero el Frente obstruye las gestiones humanitarias’.
Asimismo, explicó que en noviembre de 2020 integrantes del TPLF ‘atacaron dos de los campos de refugiados y afectaron gravemente’ los procesos asistenciales, además de provocar la dispersión de muchas personas.
Tras la operación gubernamental de aplicación de la ley, continuaron los servicios regulares en ese estado y el resto de país, incluida la capital, y fueron reubicadas nueve mil persona en los campamentos de Mai Aini y Adi-Harush, añadió.
En Addis Abeba, además, ‘más de cinco mil 200 emigrantes ya fueron registrados y está en construcción un nuevo campamento en la zona norte de Gondar, en la región de Amhara’, añade.
Pese a los esfuerzos, subraya, ‘el TPLF comete ataques incluso en zonas de protección y como resultado refugiados eritreos en Mai Aini y Adi-Harush sienten que están en peligro’.
El gobierno etíope reafirma su compromiso con la seguridad de los protegidos y solicita asimismo apoyo a las investigaciones de los actos violentos que comete frecuentemente el TPLF, señala el texto.
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