Ante las reiteradas críticas al Gobierno por la lentitud de la inmunización, el pasado martes el presidente Alejandro Giammattei anunció la apertura de la inmunización para estudiantes universitarios y personal de estas sedes, periodistas, y trabajadores de sectores productivos esenciales.
En cadena nacional, el Jefe de Estado indicó que este proceso se haría en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tras la llegada ese mismo día de tres millones de vacunas contra la Covid-19 donadas por Estados Unidos, las cuales se sumaron a 1,5 millones de una entrega anterior.
Giammattei aseguró que existen las condiciones para avanzar en la cobertura nacional, hasta ahora una de las más bajas de la región con solo 292 mil 910 personas con el esquema completo.
En esta semana el país sobrepasó los 10 mil fallecidos por la pandemia, una cifra que motivó a varios medios de prensa a dedicar sus portadas a modo de luto, como lo hizo elPeriódico con un collage de las fotos de 22 víctimas y un listado de 422 nombres que recopiló mediante familiares y amigos.
La frase Homenaje póstumo y todas sus planas en blanco y negro reflejaron el sentir nacional detrás de cada número, con sus historias y seres queridos que no se despidieron.
Ante el actual rebrote de la Covid-19 con cifras diarias por encima de los tres mil confirmados (tres mil 275 el pasado jueves), organizaciones civiles y de derechos humanos destacaron que Guatemala basa su vacunación mayoritariamente gracias a las donaciones.
De acuerdo con declaraciones de médicos del Parque de la Industria, Especializado de Villa Nueva y General San Juan de Dios, los cuales están al tope de ocupación, los hospitales más grandes rebasaron su capacidad, hay escasez de oxígeno, falta de medicamentos y pacientes en sillas.
El panorama noticioso volvió a calentarse la víspera, cuando la jefa del Ministerio Público Consuelo Porras anunció la destitución del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Juan Francisco Sandoval.
La decisión concitó de inmediato el rechazo de organizaciones políticas y civiles por una remoción que consideraron inconstitucional y constituye un retroceso en materia de justicia.
Una de las voces fue la del Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien expresó ‘rechazo, condena e indignación ante esta nueva ilegalidad y clara violación a la Constitución, al Sistema Jurídico e Institucionalidad democrática’.
También el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Político Winaq consideró ilegal la medida con el argumento de que los fiscales son de carrera y únicamente pueden ser removidos si se comprueba que cometieron una falta muy grave a través de un proceso disciplinario, lo cual no ocurrió en este caso.
En una conferencia de prensa urgente, Sandoval aseguró que con su salida muchas investigaciones por corrupción hasta hoy en curso jamás saldrán a la luz en Guatemala, pues involucrarían a personas del más alto nivel político y económico.
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