De acuerdo con autoridades de la isla, los disturbios del 11 de julio, algunos prolongados hasta el día siguiente, nombrados como ‘manifestaciones pacíficas’ por la maquinaria mediática que intenta desacreditar a la Revolución, dieron espacio a agresiones a personas, bienes, entidades, y al desacato a autoridades en distintos puntos del territorio.
El presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, en conferencia de prensa apuntó que manifestarse o pensar diferente no constituye un quebrantamiento de la ley, pero incitar a disturbios, atacar, lesionar y desobedecer las disposiciones dirigidas a preservar el orden, la tranquilidad y la paz, sí.
Por ello, las entidades competentes investigan la participación de las personas en esos sucesos, preparan el material probatorio y desarrollan los procesos judiciales con objetividad y respeto a los derechos de los involucrados, significó la fiscal general Yamila Peña.
Según esa fuente, la legislación cubana prevé que cuando un ciudadano es detenido por fuerzas del Ministerio del Interior u otras autoridades, hay un plazo de 24 horas para informársele el motivo, lo cual no tuvo diferencias durante los hechos del día 11, aseveró.
Enfatizó en que es obligatoria la comunicación de dicho Ministerio con los familiares de los implicados, para informar dónde están y cuáles son las causas del proceso.
El presidente del TSP mencionó cómo en estos momentos transcurren los juicios, apegados a las leyes de la nación, la actual Constitución y los principales instrumentos internacionales para la materia.
Entre las garantías respetadas está la presunción de inocencia hasta tanto haya una sentencia firme en contra, y nombrar abogados para la defensa.
Como dijo la autoridad, los tribunales actuaron como siempre, con imparcialidad, estricta obediencia a las normativas e independencia de otras instituciones, y algunas causas fueron de manera más ágil, una práctica universal en aquellos casos menos graves.
La manipulación del tema en redes digitales sembró la matriz de opinión de que se trata de procesos ‘sumarísimos’, cuando en realidad corresponden a un ‘procedimiento abreviado’, lo cual existe en diversas legislaciones del mundo, precisó Remigio Ferro.
Recordó que todos los acusados de estos presuntos delitos tuvieron oportunidad de contar con un abogado, y varios optaron por eso.
Al decir de la presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, Lilia María Hernández, estos profesionales defendieron con respeto, honor y dignidad a quienes solicitaron sus servicios, y los familiares mostraron confianza durante los juicios penales.
Los casos procesados responden a desorden público, instigación a delinquir, desacato a las autoridades, daños físicos y materiales, y las penas pueden ser de multas, libertad controlada o prisión por corto tiempo, sin constituir sentencias definitivas.
El presidente del TSP detalló que hasta ahora los tribunales municipales decidieron sobre 19 procesos judiciales, en causas que involucraron a 59 personas acusadas por acciones durante los disturbios.
En este sentido la fiscal general remarcó que, dentro de la legalidad, habrá mayor severidad ante los casos más graves, como aquellos en los cuales haya evidencias de que los ciudadanos organizaron, promovieron o financiaron hechos con marcado impacto en la seguridad colectiva y la tranquilidad del país.
Actualmente las personas juzgadas tienen el derecho de establecer recursos de apelación y ‘las condiciones para actuar con total transparencia están muy bien dadas’, afirmó el presidente del TSP.
Según ratificaron las voces autorizadas, el compromiso es proteger el orden público, constitucional y la tranquilidad de la ciudadanía, y, en medio de una feroz guerra mediática y las noticias falsas de redes sociales, mantener a Cuba como una nación de paz.
jcm/cgc/cvl
