Madistin, al frente de la Fundación Je Klere destinada a defender los derechos humanos, criticó que tres semanas después del magnicidio aún el caso esté en manos de la institución policial sin llegar a la Fiscalía.
De hecho, el comisionado de Gobierno de Puerto Príncipe, Claude Bed-Ford, todavía no entrevistó a los responsables de seguridad presidencial, que continúan sujetos a medidas cautelares y sin recibir autorización de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) para asistir al Ministerio Público.
‘¿Cómo puede la policía cometer tanto desorden en una investigación en la que se asesina a un presidente? Es muy grave lo que está ocurriendo’, cuestionó Madistin en el programa radial Magik 9, y denunció la violación de los derechos humanos y de las etapas de la pesquisa.
De acuerdo con el letrado, la Policía interroga a los ciudadanos detenidos durante 15 o 20 días sin enviar sus casos a los tribunales, o les impiden contactar con sus abogados.
‘La DCPJ está cometiendo una serie de desórdenes que tendrán consecuencias en la investigación’, subrayó en alusión a que los abogados no quedarán de brazos cruzados conociendo todas esas fallas.
A inicios de esta semana, Pierre Esperánce, quien preside la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, denunció las dificultades de las organizaciones de la sociedad civil para acceder a la información, y la evasiva de las autoridades.
El activista aseguró que al menos 40 oficiales asignados a la guardia presidencial huyeron del país por la ‘incompetencia de las autoridades’.
Desde el 20 de julio, la Policía no ofrece ruedas de prensa para actualizar el archivo que parece estancado, a pesar de la asistencia de las fuerzas del orden colombianas y del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos.
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