La instalación donde los refugiados esperan para ser procesados y reubicados es totalmente inapropiada, escribió Cooper en una carta dirigida a la ministra del Interior, Priti Patel, tras visitar el centro de admisión de Kent, en el sur de Inglaterra.
La parlamentaria, quien preside el comité sobre Asuntos Domésticos de la Cámara de los Comunes, reveló que en la pequeña sala de espera había 56 personas, incluidos mujeres, niños y adolescentes.
Nos dijeron que el periodo máximo de tiempo para mantener a una persona en esa habitación es de 24 horas, pero que en los últimos días los periodos se han extendido a 36 y 48 horas, agregó Cooper, tras advertir que existe un riesgo alto de que se desate un brote de Covid-19 entre los migrantes.
Al respecto, alertó que el lugar carece de ventilación, y los refugiados, que no usan mascarillas, no pueden guardar distanciamiento físico.
La legisladora del opositor Partido Laborista le recordó a Patel que el Inspector jefe de prisiones visitó el centro de admisión en septiembre pasado, y encontró que las condiciones eran inaceptables.
Las autoridades de Inmigración británicas también han sido duramente criticadas por organizaciones defensoras de derechos humanos por utilizar unas antiguas barracas militares en Kent para albergar a las personas que llegan al país de forma ilegal.
Según datos extraoficiales, más de ocho mil inmigrantes llegaron al Reino Unido en lo que va de año, tras aventurarse a cruzar el canal de La Mancha en embarcaciones frágiles gestionadas en su mayoría por traficantes de personas.
Para tratar de frenar la avalancha, el gobierno británico acordó pagar a Francia casi 55 millones de libras (unos 74 millones de dólares) para que la policía gala redoble el patrullaje en la costa norte de ese país e instale más equipos de vigilancia.
Las autoridades conservadoras del Reino Unido también presentaron un proyecto de ley al Parlamento que busca endurecer las leyes de inmigración y que le permitiría incluso enviar a los refugiados a centros de procesamiento ubicados en terceros países.
El sistema de asilo está siendo explotado por bandas criminales, pero el proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras lo enmendará para detener esos cruces peligrosos e ilegales, aseguró un portavoz del gobierno.
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