En su informe señala que fueron registradas como instaladas el 98,5 por ciento de las casillas y que no hizo un despliegue ministerial extraordinario sino que solamente solicitó que las delegaciones de la Fiscalía General de la República actúen como coadyuvantes en caso de que se registre algún incidente.
Dado que los partidos políticos no intervienen como parte de este proceso de consulta, la vigilancia sobre posibles delitos electorales es menor y más discreta que cuando hay comicios para definir quién ocupa un cargo de elección popular.
La Fisel señaló que, de cualquier manera, hay delitos electorales que se pueden cometer en el marco de esta consulta, como es hacer proselitismo o presionar al electorado sobre el sentido de su voto, o se abstenga de emitirlo.
Después de una accidentada preparación preñada de descalificaciones políticas, diferendos legales sobre la consulta, recriminaciones entre sus promotores y organizadores, así como jaloneos presupuestales, finalmente llegó hoy el día en que, por primera vez en la historia en México, se realizará a nivel federal un ejercicio de democracia directa.
De acuerdo con el último corte del padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), 93 millones 686 mil 877 ciudadanos mexicanos podrán acudir a las 57 mil 87 mesas receptoras de votación a pronunciarse sobre la compleja pregunta que diseñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decidir si los exmandatarios podrían ser juzgados.
No hay una claridad sobre el destino que se dará al resultado de este ejercicio y algunos ven su formulación final como un obstáculo para la participación ciudadana. La pregunta, muy enrevesada, dice:
‘¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?’
Nada que ver con la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la cual se nombraban a los cinco expresidentes cuestionados: Carlos Salinas de Gortari (1994), Ernesto Zedillo (2000), Vicente Fox (2006), Felipe Calderón (2012) y Enrique Peña Nieto, (2018).
Cuando envió la petición, López Obrador explicó las razones personales por las cuales se debía enjuiciar a sus antecesores, como parte de su visión crítica del periodo neoliberal al que considera la causa de la problemática social y económica que padece actualmente el país.
La Ley de Consulta Popular establece que el resultado de cada uno de estos ejercicios tendrá carácter vinculante sólo si se alcanza 40 por ciento de participación del listado nominal, es decir, 37,5 millones deben votar a favor de juzgar a los exmandatarios.
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