Expertos consideran que pueden quedar sin hogar inquilinos de todo el país, pero principalmente de Ohio, Texas y partes del sureste de Estados Unidos, donde los costos de la vivienda son más altos y los problemas económicos persisten debido a la crisis sanitaria.
De acuerdo con el diario Político, la red de seguridad social para inquilinos se debilitó y los gobiernos locales pagaron solo una parte de los 46 mil 500 millones de dólares que el Congreso autorizó el año pasado para esos fines.
La Casa Blanca acusó este lunes en un comunicado a los estados de ser ‘demasiado lentos para actuar’ y de impedir que la ayuda llegue a los afectados.
Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos recogidos entre la última semana de junio y la primera semana de julio, revelan que unos 7,4 millones de inquilinos están retrasados por los pagos de la renta.
Ante ese panorama el presidente estadounidense, Joe Biden, y congresistas demócratas intentan dilucidar quién tiene la responsabilidad de extender la prohibición a los desalojos que caducó el domingo.
Los legisladores justificaron el viernes pasado que por falta de votos no podrán aprobar una legislación para retomar la moratoria.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros miembros del Partido Demócrata presionan al gobierno para que renueve la decisión, una ‘urgencia’ en medio del alza de casos de Covid-19 en el país.
Sin embargo, la administración explicó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que fueron quienes tomaron inicialmente esa decisión, no podrán actuar ahora sin el consentimiento de los congresistas debido a una decisión del mes pasado del Tribunal Supremo.
Grupos de agentes inmobiliarios pidieron a la máxima corte del país bloquear la orden de los CDC bajo el argumento de que el legislativo nunca lo autorizó y eso les ha causado pérdidas superiores a los 13 mil millones de dólares.
Analistas advierten que mientras las autoridades deciden sobre la posibilidad de proteger a personas vulnerables y sus familias, comenzarán a llegar a los juzgados las demandas de desalojo.
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