Quito, capital del país, es una de las urbes con muestras de apoyo creciente a la medida, que cumplió 28 días, las cuales van desde visitas y mensajes de ánimo a los docentes, estudiantes y padres sumados al ayuno prolongado hasta una bicicletada desde el céntrico Parque La Carolina.
Cierre de vías principales, marchas y protestas ante los tribunales provinciales también son acciones lideradas por la Unión Nacional de Educadores (UNE), en respaldo a la huelga, que inició el pasado 12 de julio en demanda de un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre un recurso presentado en contra de la LOEI.
‘Estamos 28 días en huelga de hambre en 11 provincias, en esta lucha considerada de alto nivel porque ponemos en riesgo nuestra salud’, aseguró en declaraciones a Prensa Latina Johnny Tamayo Verdesoto, presidente de la UNE de Quito.
Al respecto, explicó que exigen a la Corte la entrada en vigor de las reformas aprobadas a la LOEI, como indica la Constitución.
‘Esta nueva LOEI trae beneficios no solo para los docentes, sino también para estudiantes’, aseguró.
Sobre ese particular, ahondó que entre las bondades de la nueva regulación constan un nuevo bachillerato, así como crear políticas públicas en contra del acoso y la violencia sexual a alumnos.
Amplió que la regulación contempla además la autonomía de la educación intercultural, bilingüe, la etnoeducación y el rescate de la identidad, a su juicio: ‘uno de los grandes tesoros y riqueza cultural de Ecuador’.
Igualmente señaló que en el caso de los docentes, incluye beneficios como la revalorización, recategorización y equiparación salarial.
De manera general, la Ley también estipula la asignación del seis por ciento del Producto Interno Bruto para la educación.
Para los directivos de UNE, sobre el gobierno pesa la responsabilidad de lo que ocurra con la vida de quienes forman parte de la huelga de hambre, decididos a mantener la medida indefinidamente.
Organizaciones sociales, gremios de trabajadores y colectivos estudiantiles, además de algunos asambleístas y entidades como la Defensoría del Pueblo respaldan los reclamos de los educadores.
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