La JSF, impuesta por Estados Unidos se nutre de fondos del gobierno puertorriqueño, y paga a la funcionaria 625 mil dólares anuales desde marzo de 2017, cuando inició su contrato, suma que se mantendrá inalterable hasta el 17 de septiembre de 2023.
En la extensión del contrato se introducen cambios, como que Jaresko podrá formar parte de juntas de directores de entidades con propósitos lucrativos, siempre que reciba el aval de la JSF, además de administrar sus inversiones personales.
Jaresko recibe además, según el diario El Nuevo Día, seguridad personal y para su familia inmediata pagadas con fondos públicos.
El contrato establece una cláusula para que, en caso de que una de las partes quiera prescindir el contrato, debe notificarlo por escrito con 90 días de antelación.
La funcionaria de la JSF ha sido duramente criticada porque se opone a la aprobación de medidas que no reduzcan el ingreso de los jubilados que cobran mil 500 dólares mensuales, una suma insuficiente para llevar un retiro digno.
Igualmente, Jaresko se opone a que se incremente el salario mínimo de los trabajadores puertorriqueños, actualmente en 7.25 dólares la hora, lo que impone una cotidianidad de sobrevivencia.
La Junta se impuso a mediados de 2016, mediante ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos con la anuencia de la Casa Blanca, ante la bancarrota fiscal de Puerto Rico para garantizar el pago a los bonistas de Wall Street.
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