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Exministro boliviano por probar fondos legales para fianza en EEUU

La Paz, 10 ago (Prensa Latina) El exministro de facto de Bolivia, Arturo Murillo, deberá demostrar la legalidad de sus fondos para pagar la fianza fijada en Estados Unidos, donde permanece preso por lavado de dinero y soborno.

La Fiscalía de Miami y los abogados defensores acordaron una fianza de 250 mil dólares para que Murillo se defienda en libertad, pero solo si demuestra que el dinero no es ilegal el encartado podría salir de prisión, según explicó el letrado estadounidense Thomas Becker al diario boliviano Ahora el Pueblo.

Becker aclaró que el proceso en contra del extitular de Gobierno de Jeanine Áñez (detenido desde mayo pasado) continúa y que puede estar meses y meses en la cárcel si no tiene los fondos para pagar su fianza.

Según lo previsto ayer se efectuó la audiencia vía Zoom (virtual) en Miami, Florida, y la jueza solo trató la fianza y pospuso de nuevo, hasta el 9 de septiembre, una audiencia de lectura de cargos de corrupción y lavado de dinero ante la cual Murillo tendrá la opción de declararse culpable o enfrentar juicio.

En este caso están involucrados el exjefe de gabinete y asesor de Murillo, Sergio Méndez, el boliviano-estadounidense Philip Lichtenfeld, y los empresarios Luis Berkman Litmann y Bryan Berkman, actualmente en libertad condicional.

La extitular de Gobierno enfrenta en Bolivia procesos por el mismo caso de corrupción y otros delitos, incluido genocidio.

Huyó del país dos días antes de la conclusión del mandato de Áñez en noviembre último y se refugió en Estados Unidos, donde fue detenido por la policía federal.

Murillo es prófugo de la justicia boliviana, ante la que deberá responder además por su responsabilidad en la muerte de decenas de compatriotas, cientos de heridos y detenidos en los actos de represión en los días posteriores a la asonada golpista contra el presidente Evo Morales en 2019.

El gobierno inconstitucional de Áñez tramitó la compra de gases lacrimógenos para la policía en el contexto de las manifestaciones a favor de Morales, pero dicho material antidisturbio se adquirió con un sobreprecio que dio un margen de ganancias no declaradas de unos 2,3 millones de dólares.

En el caso Gases Lacrimógenos son investigadas una veintena de personas, incluida Áñez y su extitular de Defensa Fernando López, prófugo de la justicia boliviana.

jcm/dla

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