‘Por el bien común y para asegurar el equilibrio entre actividad productiva y sostenibilidad, el 30 de octubre del 2020 ejercí mi derecho al veto a la ley para reactivar la pesca de arrastre’, recordó Alvarado en sus perfiles personales de diferentes redes sociales.
Resellar en Costa Rica consiste en que si la Asamblea Legislativa lo hace con un proyecto de ley, aun desconociendo razones de inconstitucionalidad, es decir, lo vuelve a aprobar con 38 votos (dos tercios de los 54 diputados), el propuesta legal queda aprobada y lo reenvía al Poder Ejecutivo para publicar su texto como norma sin ulterior trámite.
En sus perfiles personales, el mandatario tico escribió además: lamento que una mayoría de la Comisión de Asuntos Agropecuarios ahora recomiende su resello, porque eso no calza con nuestra tradición de protección al medio ambiente.
‘La pesca de arrastre no es sostenible y perjudica a nuestros pescadores artesanales, la pesca deportiva y el turismo. Confío en que la mayoría de la Asamblea Legislativa de Costa Rica actuará en concordancia con la tradición nacional de protección al ambiente y rechazará la pretensión de resello’, sostuvo Alvarado.
Al explicar su veto al decreto legislativo para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón, que reactivaría la pesca de arrastre en Costa Rica, el presidente indicó el 30 de octubre de 2020 que lo hacía por razones de conveniencia y oportunidad.
‘Por mi deber de promover el bien común y asegurar el equilibrio entre la actividad productiva y la sostenibilidad, y además, en cumplimiento de mi palabra, hoy he vetado totalmente el decreto legislativo número 9909, por razones de conveniencia y oportunidad’, afirmó Alvarado en un vídeo-mensaje a la nación.
Precisó que ‘al no ser categórica la evidencia, debemos proteger al ambiente y a las poblaciones que se verían más afectadas. Cualquier decisión que tomemos sobre el aprovechamiento de recursos naturales debe ser basada en ciencia y puede ser desarrollada por los órganos competentes’.
Añadió que con los elementos disponibles, aportados por muy distintos sectores académicos productivos y políticos, prevalece el criterio sobre un impacto ambiental y socioeconómico negativo con el restablecimiento de esta técnica, en sectores como pesca artesanal, en la biodiversidad y también sobre la actividad turística de la cual dependen tantos empleos.
El proyecto de ley regresó al Parlamento tico, que requiere ahora del voto favorable de 38 legisladores -mayoría calificada- para revertir el veto presidencial.
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